Columna de Opinión: Persecución eficaz

El proyecto que tipifica y establece penas más elevadas para el delito de robo de vehículos motorizados y para quienes actúan como reducidores de sus partes, es absolutamente relevante y, por lo mismo, es importante que el Congreso lo haya despachado esta semana.

El robo de vehículos se ha incrementado fuertemente en el último tiempo, y este aumento, que ha sido progresivo, ha tenido lugar a pesar de una campaña muy fuerte y muy sistemática que ha venido realizando el Gobierno para contener este fenómeno. No obstante, el Ejecutivo avala y apoya esta iniciativa -de origen parlamentario-porque precisamente complementa los esfuerzos que se están desarrollando para lograr una mejor persecución penal de quienes profitan con estos delitos.

Solo en muy pocos casos se termina condenando por delito consumado a quien roba  un vehículo o hace negocio con la venta de las partes sustraídas a propósito de este robo, y a quienes se les condena, reciben penas muy bajas que finalmente terminan sin sanciones reales.

Adicionalmente, se ha desarrollado, en  materia de compraventa de vehículos robados o de vehículos desmantelados, un mercado negro muy poderoso y fuerte, incluso de carácter internacional. Y, también, se ha vinculado este negocio con las transacciones de droga.

Los vehículos -sobre todo, los 4×4- son sustraídos, en parte, para efectuar transacciones de pago a cambio de droga, lo que hace que el robo de estos vehículos tenga una utilidad incluso mayor de la que supone normalmente la comisión de este delito.

Durante la tramitación del proyecto y con el aporte de abogados penalistas logramos establecer penas proporcionales a estos delitos, modificando el proyecto original. Por ello, se acordó sancionar con una pena única -presidio menor en su grado máximo, es decir, de tres años y un día a cinco años- a quienes roban vehículos en bienes nacionales de uso público o en lugares no destinados a la habitación.

Esto, lo que hace -respecto de la propuesta que se formulaba- es reducir el tipo penal en su grado menor, porque precisamente ese era en definitiva la pena que se aplicaba y eso era lo que finalmente hacía imposible que las personas sancionadas estuviesen realmente pagando culpa por sus hechos.

Al reducir la escala de movimiento del juez con una pena única, se presume que quienes roban estos vehículos no van a tener las mismas facilidades para evitar las consecuencias penales de sus actos.

También se propone sancionar con la misma pena a quien, conociendo o debiendo conocer, o por lo menos no pudiendo menos que saber el origen ilícito de la parte que está vendiendo, tenga, transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma vehículos robados.

Con esto, tanto los autores de la iniciativa como el Ejecutivo, asimismo con el apoyo del Ministerio Público, estiman que se está ordenando esta materia agravando las consecuencias de un robo que se incrementa y que permite enfrentar con mayor fuerza una situación que requiere de una política penal renovada.

Por Hernán Larraín, senador por la Región del Maule.

 

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