Comisión Bicameral Pro Transparencia entrega importante acuerdo a Presidentes del Senado y Cámara de Diputados

El esfuerzo que hace nuestra Comisión es que el Congreso tome la iniciativa y lidere una agenda legislativa, con normas y criterios, para asegurar la mayor probidad e integridad parlamentaria y en general la transparencia y probidad en Chile”, Hernán Larraín 

El presidente de la Comisión de Bicameral Pro Transparencia, el senador (UDI) Hernán Larraín, junto con  el diputado Patricio Vallespin, quien preside la Comisión de Ética de la Cámara Baja, entregaron a los presidentes de ambas corporaciones, el Senador Jorge Pizarro y el diputado Edmundo Eluchans,  el Acuerdo de Agenda de Transparencia y Probidad.

A la salida de la reunión, realizada en la oficina del presidente de la Cámara Alta, el senador Hernán Larraín, destacó la positiva recepción por parte de ambos presidentes, con quienes, según explicó, ya se coordinó un primer encuentro de trabajo para las próximas semanas, con el fin de definir los pasos a seguir respecto de las propuestas planteadas.

La agenda consta de cinco puntos concretos, Proactividad en la Transparencia, Coordinación con el Portal de Transparencia del Estado, Reformas Legislativas, Diagnóstico de Mejora Institucional y Conflicto de Intereses. Respecto de este último punto, se especifica en la propuesta, la Prohibición de Contratación de Parientes, y el Apoyo y seguimiento a las declaraciones juradas de patrimonio y de intereses.

“Les hemos entregado a los presidentes de ambas corporaciones, el producto del trabajo de varias semanas de la Comisión en la búsqueda de una agenda legislativa y de normas internas respecto de la transparencia y de la probidad. Pensando en que el Congreso debe tomar la iniciativa para lograr priorizar, dentro de su trabajo legislativo, todas aquellas  mociones y mensajes del Ejecutivo que promuevan estos temas. Al mismo tiempo, creemos que debemos dar un paso más en la búsqueda de establecer los estándares más exigentes de comportamiento y de integridad en el ámbito del trabajo legislativo y parlamentario”, aseguró.

Cabe destacar que dicha Comisión,  creada en 2012, ha estado trabajando en una serie de ideas para tratar de mejorar los niveles de transparencia y probidad del Parlamento.

Consultado por la regulación del Lobby, el parlamentario UDI expresó que, precisamente el objetivo es apurar los procesos legislativos de ciertas mociones del Ejecutivo, entre las cuales está la regulación de dicho tema. 

“También hemos plateado la importancia en materia de partidos políticos y de gasto electorales, financiamiento público de los partidos políticos, control del gasto, no sólo del gasto electoral de las campañas, sino que también de las precampañas. Es decir, queremos dar señales fuertes de una legislación que con rapidez pueda resolver muchos problemas que hoy día son vacios y que generar mucha inquietud ciudadana. También mejorar la exigencia de mejorar nuestros  los estándares de conducta interna, porque eso ayuda también a que la gente crea que nosotros estamos realmente cumpliendo nuestra función con la mayor integridad posible”, precisó.

Por su parte, el diputado (DC) Patricio Vallespin, expresó que “vemos esto como una oportunidad política, en que el Congreso pueda liderar y tener su agenda en pro de la transparencia y probidad para después interactuar con el Ejecutivo los proyectos legislativos claves”

Documento:

ACUERDO DE LA COMISIÓN BICAMERAL

DE TRANSPARENCIA DEL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS

 

En conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto de la Ley N°20.285, el Congreso Nacional se rige por el principio de la transparencia en el ejercicio de la función pública consagrado en el inciso segundo del artículo 8º de la Constitución Política y en los artículos 3º y 4º de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado.

La democracia representativa exige que las decisiones de trascendencia política sean realizadas por representantes electos para ejercer el poder al servicio de los valores democráticos. A través del procedimiento de formación de la Ley, el Congreso, compuesto por la Cámara de Diputados y por el Senado, da soporte de garantía de respeto a los derechos fundamentales, asegura la expresión de las minorías y la deliberación política y social.

Con miras a promover el principio de ética pública, de transparencia, y el acceso a información en el Congreso Nacional, el Senado  y la Cámara de Diputados han creado, a contar del año 2012,una Comisión Bicameral de Transparencia, como instancia destinada a homologar criterios y prácticas institucionales en las materias señaladas.

La Comisión Bicameral de Transparencia considera que la profundización de las obligaciones de transparencia activa, de uniformidad de prácticas, de prevención de conflictos de interés y de mejoras legislativas al Congreso y sus autoridades ratifican el compromiso y adhesión del Parlamento a los artículos 4° y 8° de la Constitución Política, fortalecen la imagen del Congreso Nacional y contribuyen a difundir en el seno de nuestra sociedad la labor deliberativa y fiscalizadora asignada a este Poder del Estado.

En el ejercicio de sus funciones, la Comisión Bicameral adopta el presente acuerdo de recomendaciones para la Mesa de ambas Corporaciones a ser implementadas, con las excepciones que se señalan,  a contar del período legislativo del año 2014, habilitando durante este año 2013 una instancia de preparación institucional, de diálogo con el Poder Ejecutivo y de consulta ciudadana, según corresponda.

1-. Proactividad en  la Transparencia.

El uso de recursos públicos frente a los electores y los ciudadanos demandan una permanente revisión del cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa de ambas ramas del Congreso Nacional y, además, avanzar con una mirada prospectiva, desde la observancia de los estándares generales mínimos para los órganos del Estado, hacia la incorporación de otros temas públicos de relevancia para la ciudadanía.

Un diagnóstico elaborado para esta Comisión Bicameral sobre la usabilidad de los sitios Web de ambas Corporaciones evidencia una necesidad de mejora en la oportunidad, profundidad y homogeneidad de los contenidos publicados, de mayor definición de criterios de accesibilidad de los sitios para personas con discapacidad, de precisión en la información que sustenta el trabajo de todas las comisiones, sean o no legislativas, y de consideración de los estándares internacionales, entre otros.

Si bien las páginas Web institucionales ofrecen información a la ciudadanía en virtud del principio de transparencia activa, no todos los representantes electos -considerados como funcionarios públicos por disposición expresa del artículo 2 a) de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción-, tienen páginas Web propias y, cuando las tienen, no siempre reúnen características, como sería deseable, que faciliten el acceso a la información, sea mediante enlaces al sitio electrónico institucional o proporcionando directamente antecedentes sobre materias de interés público de su gestión, como son la dieta parlamentaria, gastos, asesorías, declaración de patrimonio e intereses, asistencia y votaciones (en Sala o Comisión), viajes, marco normativo y de actividad parlamentaria. El estudio de las páginas Web de Senadores y Diputados muestra asimetría de información entre ellas y los sitios de las Corporaciones respectivas, por lo quese requiere una mayor homologación de contenido y diseño para ambos sitios Web, sin perjuicio de que el sitio electrónico de cada parlamentario adicione otros datos de interés público, como su agenda o registro de audiencias.

Por todo lo anterior, la Comisión Bicameral acuerda recomendar a la Mesa de la Cámara de Diputados y del Senado la adopción de medidas para facilitar el acceso a la información, velar por su actualización permanente, estandarizar las obligaciones de transparencia activa y extenderlas a los parlamentarios (mediante campos obligatorios y estructuras de presentación idénticas), e ir incorporando, en forma proactiva, aquella información pública adicional que se vaya observando que resulta de interés para la ciudadanía.

2.- Coordinación con el Portal de Transparencia del Estado

El Portal de Transparencia del Estado está concebido como una plataforma digital única que permite a las personas realizar sus solicitudes de acceso de información y disponer de las distintas plataformas de información de transparencia activa de los organismos públicos que lo integran.

Resulta necesario, por consiguiente, que el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional coordinen las decisiones que adopten en materia de información con dicho Portal, armonizando no sólo los parámetros sustantivos que se aplican, sino que la presentación y accesibilidad de los datos, lo que sin lugar a dudas mejorará los niveles de confianza institucional y contribuirá a elevar los índices de transparencia del país.

La Comisión Bicameral sugiere a las Mesas de ambas Corporaciones crear una Mesa de Trabajo para determinar las modalidades con las cuales el Congreso Nacional se relacionará con el Portal de Transparencia del Estado, teniendo en vista los estándares y buenas prácticas internacionales que pueden orientar el proceso de autorregulación en materia de transparencia activa y proactividad en la transparencia que el Parlamento decida adoptar. 

3.- Con relación a los Conflictos de Interés.

3.1-. Prohibición de Contratación de Parientes.

Considerando la necesidad de establecer criterios referidos a diversas prácticas parlamentarias, y con el propósito de fijar pautas comunes en ambas Cámaras, conocidas con anticipación, la Comisión toma nota de la diversa aproximación que el Senado y la Cámara de Diputados han concedido a la contratación de parientes.

Un análisis de la experiencia comparada revisada por la Comisión devela que no hay una práctica uniforme de prohibición expresa de contratarlos como empleados de confianza de los parlamentarios.

No obstante ello, con miras a fortalecer la institucionalidad parlamentaria frente a los conflictos de interés, que incluye su extensión a los asesores o personal de apoyo parlamentario, la Comisión considera como buena práctica de la Cámara de Diputados la prohibición de contratación de parientes, recomendando a la Mesa del Senado la homologación de tal criterio a contar del próximo período legislativo correspondiente al año 2014, a fin de permitir el necesario ajuste de las contrataciones que han sido autorizadas a la fecha.

3.2-. Apoyo y seguimiento a las declaraciones juradas de patrimonio y de intereses.

Las declaraciones de patrimonio e intereses de los parlamentarios presentan disimilitudes en cuanto a la entrega de información, por lo que se hace necesario establecer criterios comunes y detallados que permitan contar con datos uniformes. Ello se hace más conveniente considerando el avance del proyecto de ley sobre probidad en la función pública, que incorpora mayores exigencias al respecto.

Para ello es necesario contemplar mecanismos institucionales que no se limiten a la recepción, custodia y publicidad de esos documentos, sino que puedan asesorar en su preparación, absolviendo las dudas que se presentan a los parlamentarios al completar los datos requeridos. Incluso cabe considerar sistemas de respaldo documental o de verificación de la información, lo que se haría cargo del hecho de que laausencia de revisión previa de los datos contenidos en las declaraciones ha generado omisiones y errores en su elaboración que han llamado la atención de la sociedad civil, como ocurrió, por ejemplo, con el programa “inspector de intereses” de la Fundación Ciudadano Inteligente. La creación de unidades de seguimiento en ambas ramas del Congreso Nacional para la verificación oportuna de los criterios sustentadores de las  declaraciones juradas de patrimonio e  intereses, seguiría los liderazgos institucionales comparados, tales como el de Canadá, que contempla un Oficial de Ética como colaborador de los parlamentarios en esta materia.

En la misma línea de razonamiento, la revisión del contenido de las declaraciones públicas de patrimonio e intereses de los diputados y senadores, que se efectúa en la  inminente nueva ley de probidad, requiere adoptar criterios de mejores prácticas que orienten la labor de seguimiento y colaboración de las Comisiones de Ética y Transparencia de ambas Cámaras entre los cuales, por su reciente aprobación parlamentaria, destacan los establecidos en el artículo 9º de la Ley Nº20.600, de 2012, donde se regulan las causales de inhabilidad de los Ministros de los Tribunales Ambientales.

En atención a lo anterior, la Comisión recomienda a la Mesa de la Cámara de Diputados y del Senado implementar en ambas Corporaciones unidades de apoyo y seguimiento interno de las declaraciones de intereses y patrimonio de los diputados y senadores, que consideren las mejores prácticas internacionales para la uniformidad de criterios y verificación de la información.

4.- Reformas Legislativas.

La Comisión Bicameral ha identificado los proyectos de ley en actual tramitación que inciden directamente en el fortalecimiento de la calidad de la política, la  cultura de transparencia y de respeto del derecho de acceso a información en nuestro país.

Entre ellos, cabe señalar:

el que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional sobre publicidad de sesiones de Comisiones (Boletín 7127-07);

el que ordena la publicación de las leyes secretas (Boletín 3307- 07);

el que suspende la prescripción en delitos contra la Administración Pública (Boletín N° 7133-07);

elrelativo a la probidad en la función pública (Boletín 7616- 06);

la regulación del lobby (Boletín 6189-06);

la modificación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Boletín 7686-07);

el proyecto que fortalece la transparencia y la probidadmunicipal (Boletín N° 8210-06), y

la moción orientada a establecer la rendición de cuenta del Congreso Nacional (Boletín N° 8.624-07).

Adicionalmente, las mociones que respaldan solicitudes concretas de la sociedad civil referidas al reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la información pública (Boletín N° 8.805-07) y la consagración del voto programático, este último declarado inadmisible en el Senado hace poco tiempo.

Por último, merece una atención especial la modificación a la ley orgánica constitucional sobre partidos políticos (Boletín N° 8937-06), ingresadasin contener disposiciones sobre financiamiento de la actividad política, en circunstancias que se estima indispensable para la transparencia, así como el perfeccionamiento de los mecanismos de control del gasto, tanto electoral como en épocas de precampañas electorales.

La Comisión Bicameral manifiesta su disposición de colaborar en la tramitación de la agenda legislativa señalada y recomienda a la Mesa del Senado y de la Cámara de Diputados concordar con el Ministerio Secretaria General de la Presidencia una agenda legislativa destinada a agilizar la tramitación de los proyectos de ley señalados durante el presente período legislativo. 

5.-Diagnóstico de Mejora Institucional

El trabajo desarrollado por la Comisión Bicameral a la fecha concluye que la vigencia plena de los principios de probidad, transparencia y acceso a la información pública en el Congreso Nacional exige orientar los recursos institucionales para  levantar un diagnóstico que facilite la adopción de una política institucional de mediano plazo y largo plazo. A tal fin, esta Comisión Bicameral se encuentra disponible para favorecer una coordinación entre ambas Corporaciones;  concentrar la experiencia comparada de países referentes y la labor de auto regulación de entidades como la Unión Interparlamentaria; y canalizar  el apoyo de organismos intergubernamentales, entre otros, el Banco Mundial, el BID y el PNUD, con el cual ya existe un acuerdo preliminar para suscribir un Convenio sobre la materia.

Considerando lo expuesto, la Comisión propone a la Mesa del Senado y de la Cámara de Diputados, adoptar las medidas, en forma previa al próximo período legislativo que se inicia  el año 2014, para materializar las recomendaciones contenidas en este documento y elaborar una política institucional de Parlamento Abierto que incluya, en su metodología, la participación ciudadana y la colaboración de referencias institucionales, nacionales y extranjeras, con mayor experiencia en esta materia.

 

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