¿Reducción de sueldos a parlamentarios? mejor una reducción razonable de las remuneraciones de todas las altas autoridades de los poderes públicos

En el último tiempo se han presentado diversas propuestas destinadas a rebajar el sueldo de los parlamentarios. Uno porque consideran que ganan en exceso, otros porque así se contribuye a financiar el eventual aumento de parlamentarios.

Personalmente, pienso que ambas razones esgrimidas no justifican tal medida. Desde luego, si el incremento de parlamentarios se hace conforme al proyecto de cambio al sistema electoral del gobierno, que aumenta en más de un 30% el número de senadores y diputados (de 158 a 205), no basta con una rebaja de sueldos (por ejemplo, para ello el Diputado Schilling ha propuesto que la rebaja sea de un 20%), porque un Congreso con ese número de parlamentarios requiere de un aumento mucho mayor de recursos, si consideramos sueldos y gastos de personal, oficinas y otros, sin considerar el mayor gasto que se produce por las campañas. Si el aumento de los parlamentarios fuera no superior a un 10%, podría ser útil una medida de esta índole.

Por otro lado, la rebaja de un 50% efectuada por los diputados Jackson y Boric, entre otros, es también exagerada, porque las demandas de gastos que deben asumir los congresales les obliga a incurrir en gastos personales muy superiores a los que se dispone para su funcionamiento y que, al final, provienen de la dieta.

Sin embargo, creo que ambas propuestas tienen un dejo de realismo: la opinión pública quiere mayor austeridad en los gastos de sus autoridades. Los sueldos son muy elevados en comparación con los que ganan los chilenos, ni que hablar comparándolos con el sueldo mínimo. Pero esa situación no es privativa de los parlamentarios, sino que de las más altas autoridades públicas del país. La gente quiere que sus autoridades tengan ingresos razonables, adecuados a su dignidad, pero no muy altos.

Por estas consideraciones, me atrevo a proponer que se estudie por el Gobierno una reducción de sueldos de las más altas autoridades del país, léase Presidente de la República, Ministros de Estado, Presidente y Ministros de la Corte Suprema, Contralor General de la República, entre otros, y por cierto, de Senadores y Diputados. Tal rebaja debería significar una reducción de sus sueldos entre un 15 a un 20%, formando una nueva escala en los rangos superiores de las autoridades públicas. Ello permitiría dar una señal de verdadero compromiso con el servicio público, de sencillez y de austeridad en su desempeño.

Al mismo tiempo, junto con adecuar el resto de la escala de sueldos a las demás autoridades y funcionarios públicos, sería importante establecer también criterios de remuneraciones tope dentro de las empresas estatales para su plana ejecutiva. Teniendo a la vista los sueldos de mercado, se debe entender que servir en una empresa estatal supone un compromiso diferente que justifica tener sueldos inferiores a los de mercado.

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